El Grafico de Tamaulipas

Terrenos baratos en Altamira:

80 centavos el metro cuadrado

La denuncia se refiere a la venta de mil 600 hectáreas del municipio de Altamira, Tamaulipas, que fueron primero trasladadas a un fideicomiso del estado llamado Nuevo Santander y que apenas a un mes de haber aparecido el decreto del Congreso de Tamaulipas se autorizó vender al empresario Fernando Cano Martínez en 14 millones de pesos, cuando el valor real de los terrenos es de 3 mil 200 millones de pesos, es decir, el gobierno vendió a 80 centavos el metro cuadrado.

Reportaje
Por Roberto Aguilar Grimaldo
Ciudad Victoria, Tamaulipas

Además del proceso interno del PRI, en Tamaulipas hay un tema caliente que ha generado controversia: la denuncia por peculado en contra del gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, por la escandalosa venta de un terreno en el Puerto de Altamira a menos de un peso el metro cuadrado.
En ella se involucra al empresario constructor Fernando Alejandro Cano Martínez -y quienes resulten responsables- por la adjudicación de un predio de mil 600 hectáreas en el municipio de Altamira.
El asunto en cuestión cobró fuerza a raíz de que el 11 de mayo de este año la mayoría priísta del Congreso local rechazó una propuesta del diputado panista Luis Alonso Mejía para llamar a comparecer ante el pleno legislativo a Yarrington Ruvalcaba.
La intención del legislados panista era que el mandatario explicara “por qué permitió la venta de esos terrenos, patrimonio del Estado, en un precio ridículo en favor de un particular”.
En aquél entonces, desde la tribuna del Congreso, el diputado hizo la siguiente comparación: “Muchas personas afirman que entre el licenciado Fernando Cano y el licenciado Tomás Yarrington Ruvalcaba existen intereses en común; es decir, una especie de pacto de caballeros para ambos obtener beneficios
personales. ¿Será acaso el licenciado Fernando Cano Martínez el Carlos Ahumada de Tamaulipas, en contubernio con el actual gobernador?”.
A partir de entonces, la documentación del caso comenzó a difundirse en diferentes medios de comunicación, pero el escándalo tomó dimensiones mayores cuando la legisladora panista por Nuevo León, Blanca Judith Díaz Delgado, presentó un punto de acuerdo para que el legislativo federal pida la intervención de la Secretaría de la Función Pública a fin de que investigue los posibles actos de corrupción en que pudieron haber incurrido funcionarios del gobierno de Tamaulipas.
Al mismo tiempo, en Tamaulipas, la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recepcionó la denuncia interpuesta por el diputado local panista Luis Alonso Mejía García en contra del Gobernador Constitucional del Estado y quienes resulten responsables.
Se dio inicio a la averiguación previa 15/2004, en la cual Mejía García presentó en anexos la escritura número 15379 relativa a Transmisión de Propiedad de ejecución parcial del Fideicomiso, con fecha 19 de Junio de 2002, expedida por Blanca Amelia Cano Garza, notario público número 187, así como el mapa general de riesgo del polígono de donde se identifican los terrenos en disputa.
En entrevista con Hora Cero, Mejía García explicó que la denuncia se refiere a la venta de mil 600 hectáreas del municipio de Altamira que fueron primero trasladadas a un fideicomiso llamado Nuevo Santander y que apenas a un mes de haber aparecido el decreto del Congreso del Estado se autorizó vender al empresario Fernando Cano Martínez en 14 millones de pesos.
Según la información, estos terrenos fueron expropiados de 1981 a 1996 a varios ejidos del municipio de Altamira, para la construcción y accesos del Puerto Industrial.
La documentación que existe al respecto señala que la Federación cedió esos terrenos al Gobierno del Estado para que fueran utilizados en el proyecto del Canal Intracostero, obra que nunca se llevó a cabo y por ello los terrenos fueron conservados como patrimonio estatal.
El legislador mencionó que en julio del 2001 apareció el decreto en el periódico oficial del Estado para que esa superficie de uso industrial fuera entregada al fideicomiso Nuevo Santander. A un mes de dicho decreto, el Comité Técnico del Fideicomiso se reunió para aprobar por unanimidad que las mil 600 hectáreas fueran vendidas a la empresa Construcciones y Materiales Villa de Aguayo en un precio de 14 millones de pesos.
En junio del 2002 se concretó la venta de los terrenos industriales a favor de Cano Martínez, con un pago de 87 centavos por metro, presuntamente muy por debajo de su valor real.
“Sin duda que los delitos que se han cometido en uso de sus funciones ameritan cárcel y la venta fraudulenta de mil 600 hectáreas del Fideicomiso Nuevo Santander a precios irrisorios constituyen ya un delito en sí, pues esos terrenos fueron propiedad de la Nación”, expresó el legislador panista.
Señaló que el precio pactado es “irrisorio”, considerando que en dichos terrenos se preveé la construcción del quinto conglomerado petroquímico del mundo, destinado al uso de refinería y a empresas procesadoras de petróleo, por lo cual se desprende que el valor real de los terrenos es de 3 mil 200 millones de pesos.
Los costos por metro cuadrado en esa zona, apuntó, oscilan entre los 500 y mil 500 pesos y el inmueble fue vendido a Cano Martínez en 0.87 centavos el metro cuadrado.
Las colindancias de los terrenos adquiridos son las siguientes: al Norte con terrenos de la Marina, al Sur con el Cordón Ecológico, Al Este con el Golfo de México y al Oeste con terrenos propiedad del Puerto del Altamira, en lo que se refiere al polígono 2.
El polígono 3 se ubica de la siguiente manera: al Norte con el cordón ecológico del Puerto de Altamira, al Sur con terrenos propiedad de API, Altamira; al Este con el recinto portuario concesionado al API Altamira y al Oeste con el área de desarrollo Industrial del Fondeport.
Mejía García expresó que le da el beneficio de la duda al Procurador General de Justicia, Ramón Durón Ruiz, ya que él pone en juego su prestigio y “aunque no deja de ser un empleado más”, sostuvo que por esa misma razón espera que se le de cauce a su denuncia y no cejará en su empeño por que la justicia estatal y federal regresen a la Hacienda pública ese inmueble que indebidamente fue cedido a la empresa particular.
“No queremos chivos expiatorios, sabemos que hay otros involucrados pero el único responsable es el gobernador, él es la máxima autoridad en Tamaulipas y bajo su responsabilidad estaban esos terrenos”, insistió.
Las reacciones en torno a este espinoso caso no se han hecho esperar.
El senador perredista Jesús Ortega Martínez -invitado a la toma de protesta de Alvaro Garza como candidato de la alianza Unidos por Tamaulipas- señaló que se integrará una comisión investigadora para saber a detalle quiénes participaron en el caso.
Como integrante de la Comisión Permanente del Senado de la República, Jesús Ortega mencionó que en la venta de estas tierras aún quedan muchas dudas y motivos de especulación.
Precisó que hay que determinar quien fijó el precio de la tierra en el Puerto de Altamira. “En la Comisión Permanente trabajamos en la integración de una comisión que se aboque a la investigación de estos asuntos, pues son terrenos que se expropiaron para un propósito y luego se usaron en un propósito particular”, añadió.
El senador perredista consideró que en este caso hay daño al patrimonio de ejidatarios y probablemente también al Estado y al país .
“Desde el punto de vista del PRD nos interesa que éste asunto se esclarezca ante la opinión pública de Tamaulipas y del país. Son motivos de dudas y sospechas si quien determinó el precio del metro cuadro de tierra fue el municipio de Altamira, Cabin, Secretaría de Hacienda o el mismo Gobierno del Estado; eso se tiene que aclarar”, abundó Ortega Martínez.
Aclaró que la Comisión no es Ministerio Público pero los legisladores y el Congreso tienen facultades para hacer comisiones de investigación sobre asuntos relevantes y la venta ilegal de terrenos es uno de ellos.
En tanto la secretaria general de Gobierno, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, y el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Enrique Cárdenas del Avellano, aseguraron que Yarrington no tiene responsabilidad en el caso.
Guillén Vicente dijo que los terrenos fueron donados por el Fideicomiso del Puerto Industrial Altamira al Gobierno del Estado, el que de inmediato los desincorporó y transfirió al Fideicomiso Nuevo Santander para su aprovechamiento.
Explicó que fue el Fideicomiso Nuevo Santander el cual decidió llevar a cabo la venta de las mil 600 hectáreas y no el Gobierno del Estado.
También rechazó la versión en el sentido de que el empresario constructor Fernando Cano sea prestanombres de Tomás Yarrington Ruvalcaba para llevar a cabo algunos negocios.
Por su parte, Cárdenas del Avellano calificó la acusación como parte de su campaña política y de calumnia a la que recurren a falta de propuestas y de logros. “Es parte de una campaña política”, expresó.
Una de las declaraciones más recientes del caso fue vertida por el senador y candidato del PAN a gobernador del Estado, Gustavo Cárdenas Gutiérrez.
El lunes 14 de Junio aseguró que en 15 días dará a conocer los nombres de quienes encabezan la que llamó: “La banda del asfalto, la banda de la justicia y la banda de la delincuencia organizada, que hacen negocios a la sombra del poder público”.
Cárdenas Gutiérrez señaló que Tomás Yarrington Ruvalcaba, así como fue impuesto por el ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, ya puso los ojos en una persona -Eugenio Hernández Flores-, quien le garantiza la impunidad, la corrupción y los negocios.
“En su momento yo les voy a decir, nombres, pelos, negocios que han hecho los señores a la sombra del poder público en el Estado de Tamaulipas. No podemos seguir en manos de delincuentes que llegan al poder y lo único que hacen es enriquecerse a costa de las necesidades del pueblo tamaulipeco”, expresó el candidato del PAN.
Agregó que en el estado “hay una banda del asfalto y el concreto, que son cuatro constructoras encargadas de realizar toda la obra pública de Tamaulipas y esta obra pública que se ha realizado es a través de licitaciones amañadas, que son los mismos ellos quienes compiten sólo entre ellos mismos”, expresó.
Explicó que muchas veces se quedan acéfalos los concursos para obras y muchos constructores pequeños que pudieran realizar ciertas obras pequeñas no entran porque les exigen que sus empresas tengan un capital social muy grande.
“Esta banda del asfalto y el concreto es una de más bandas que hay en Tamaulipas; hay banda en la justicia, hay banda en la delincuencia organizada, hay banda también en los empresarios que se benefician de las decisiones del Gobernador del Estado.
¿Dónde quieren que se instalen los parques industriales de Tamaulipas? ¿Qué empresas constructoras para obra pública o social? ¿Quiénes entran y quiénes no entran a Tamaulipas?”, insistió Cárdenas Gutiérrez.